La escuela que México decidió financiar
Martha Barrios Belmonte*
Entre 2012 y 2026, el gasto público en educación básica en México se duplicó en términos reales. Sin embargo, su composición cambió de forma significativa. El presupuesto se ha desplazado hacia becas y transferencias directas a las escuelas. Este cambio ha reducido recursos para programas pedagógicos, formación docente y materiales educativos. Algunos programas clave para la equidad se debilitaron o desaparecieron. El texto plantea la necesidad de un enfoque de gasto inteligente que priorice aprendizaje, equidad y calidad educativa.
Cuando hablamos de presupuesto educativo, hablamos de decisiones que transforman vidas. Detrás de cada programa hay infancias que se forman integralmente en las instalaciones de la escuela, adolescentes que reciben una beca que define si continúan estudiando, docentes que sostienen la responsabilidad del aprendizaje en las aulas y comunidades que luchan por mantener abiertas sus escuelas multigrado. Analizar la evolución del gasto público en educación básica es, en realidad, mirar de frente el tipo de escuela que hemos decidido financiar como país.
Entre 2012 y 2026 el rubro de “Educación Básica” en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se duplicó en términos reales, es decir, pasó de 74,546 millones de pesos a 156,652 millones de pesos. Es decir que creció 110.1 por ciento. Sí, el pastel es más grande, pero su rebanada cambió de manera radical. Hoy una parte creciente del gasto se concentra en transferencias monetarias a las familias y en apoyos directos a las escuelas, mientras otros programas clave se reducen o desaparecen.
El giro de las becas: de lo focalizado a lo universal
Durante más de una década, el programa social PROSPERA[1] fue el principal puente entre la política social y la política educativa. En el gráfico, trayectoria de los fondos destinados a impartir servicios de Educación Básica de 2012 a 2026, PROSPERA representó cerca del 40 por ciento del gasto en educación básica en 2012 y, aproximadamente el 45 por ciento, en 2018; después, desaparece del rubro educativo.
En 2020, el papel central en el Presupuesto Federal de la Educación Básica lo representa el Programa de Becas Benito Juárez (entre 2020 y 2024) o la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (a partir de 2025). Este programa inicia con 41,000 millones de pesos constantes y, en 2026 ascenderá a alrededor de 129,000 millones de pesos. En otras palabras, el país cuadruplica la inversión en becas respecto a los recursos educativos que PROSPERA orientaba en 2012.
Este giro implica pasar de una política focalizada para favorecer el desarrollo de capacidades en educación y contribuir a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, a una lógica de derecho casi universal a la permanencia escolar. La señal social es potente y la reducción de barreras económicas son innegables. Sin embargo, el crecimiento acelerado del programa de becas deja menos espacio presupuestal para otras políticas igualmente indispensables para asegurar calidad, equidad y condiciones dignas dentro de las escuelas.
De Escuelas de Tiempo Completo a La Escuela es Nuestra: la escuela en manos de la comunidad
El segundo cambio se observa en la política de mejora escolar. Entre 2012 y 2020, el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) creció 19.4 por ciento en términos reales. Su apuesta era clara: ampliar la jornada, asegurar alimentación y fortalecer aprendizajes. Sin embargo, a partir de 2020 el programa se reconfigura y surge el programa La Escuela es Nuestra (LEEN). Este comienza con una asignación de recursos federales de aproximadamente 9,800 millones de pesos constantes y se proyecta para 2026, en cerca de 16,500 millones de pesos. En otras palabras, los recursos de LEEN han crecido en aproximadamente 68 por ciento, en los últimos 7 años. LEEN entrega recursos directos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP)[2] y, si bien es cierto que dichos recursos se pueden asignar a: infraestructura, equipamiento, alimentación y extensión de horario[3], la auditoría[4] al programa LEEN documentó que lo integrantes de los CEAP señalan se los apoyos se destinan a mantenimiento, rehabilitación y construcción en los planteles escolares
El contraste es profundo. PETC era un programa pedagógico con tiempos extraescolares, alimentos y acompañamiento de las autoridades escolares. LEEN es un programa de mejora de infraestructura y equipamiento basado en decisiones locales por parte de los CEAP. Ambas miradas importan. El desafío: sin jornada ampliada y sin un componente pedagógico sólido, la política de mejora corre el riesgo de quedarse en “obras” sin garantizar más oportunidades de aprendizaje, especialmente para las y los estudiantes que más se beneficiaban del tiempo escolar extendido.
Programas que se mantienen, pero se debilitan
Como se observa en el gráfico anterior, existen otros programas esenciales para la equidad educativa que muestran reducciones importantes:
CONAFE, clave para comunidades rurales, cae 46.6 por ciento. Este pasa de 9,300 millones de pesos constantes en 2012 a cerca de 5 mil millones de pesos en 2026.
Entre 2012 y 2026, la producción de libros y materiales educativos baja de 5 mil millones de pesos constantes a alrededor de 3 mil millones de pesos constantes.
El Programa Nacional de Inglés se reduce en 47.1 por ciento entre 2012 y 2026.
El Programa de Desarrollo Profesional Docente tiene una caída de recursos en la educación básica que representa casi 85 por ciento. Esto al pasar de casi 680 millones a poco más de 100 millones de pesos, entre 2012 y 2026.
Estas reducciones no solo son cifras: significan menos apoyo a los servicios de educación comunitaria, menos formación para docentes, menos materiales para enriquecer las aulas, menos herramientas culturales para acompañar los aprendizajes.
Programas que se diluyen: convivencia, inclusión digital y reconstrucción
En el gráfico, trayectoria de los fondos destinados a impartir servicios de Educación Básica de 2012 a 2026, parte 2, el análisis también revela la desaparición o debilitamiento de programas que sostenían condiciones fundamentales de aprendizaje:
Entre 2012 y 2025, el presupuesto asignado a los servicios de producción y transmisión de materiales educativos pasa de 551 a 441 millones de pesos. Hasta ahora, los recursos proyectados de los servicios para 2026 es de 1 millón de pesos, es decir, los servicios prácticamente se extinguirían[5].
El Programa de la Reforma Educativa[6], contaba con cerca de 1,500 millones de pesos en 2018. Para el ejercicio fiscal de 2019 dejó de tener presupuesto y desaparece.
El Programa de Inclusión Digital —que en 2012 contaba con aproximadamente 3,500 millones— ya no aparece en los últimos años.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar pasa de 630 millones de pesos en 2012 a 302 millones de pesos constantes en 2020. Luego desaparece.
Los recursos para reconstrucción de escuelas surgen solo en años con sismos y no se consolidan como política permanente.
Entre 2012 y 2026, la atención educativa a población escolar migrante es intermitente y sin continuidad presupuestal.
Cuando estas líneas presupuestales se diluyen, también lo hacen las posibilidades de construir escuelas seguras, digitales, resilientes y capaces de atender realidades diversas —incluyendo a niñas y niños en movilidad.
Dos señales relativamente positivas: educación inicial y educación especial
En medio de las tensiones presupuestales, hay dos renglones que tienen menos cambios:
La Expansión de la Educación Inicial que se estabiliza en cerca de 900 millones de pesos, entre 2020 y 2026. Esto da certidumbre a la importancia de los primeros años.
El Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial crece en 116 por ciento entre 2012 y 2026. Sin embargo, constantes fluctuaciones expresan una preocupación creciente por la inclusión.
Gasto inteligente para redefinir la escuela en México
Con base en el análisis de la trayectoria presupuestaria de los programas de la educación básica, reflexionaremos sobre el enfoque de gasto inteligente en educación[7] propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo[8]. Este invita a mirar las finanzas educativas desde cuatro dimensiones: movilizar más recursos, distribuirlos de manera equitativa, ejecutarlos con eficiencia y monitorear su uso con transparencia. Estas ideas aterrizan en el gasto en educación básica de México con gran pertinencia como sigue:
Primero, no basta asignar más recursos a la educación básica: se requiere estimar con rigor el costo por estudiante para convertir este indicador en la base técnica para la negociación presupuestaria.
Segundo, las becas escolares universales y las transferencias directas a través del Programa La Escuela es Nuestra aportan valor social, pero su expansión no debería desplazar políticas educativas esenciales como la formación docente, los servicios de Educación Básica Comunitaria CONAFE, la convivencia escolar, etc. La clave es identificar qué combinación maximiza la equidad y el aprendizaje.
Tercero, México necesita fórmulas de asignación más progresivas. El presupuesto debe llegar primero a quienes enfrentan mayores desigualdades.
Finalmente, es crucial fortalecer las capacidades locales y el acompañamiento pedagógico. No basta entregar recursos: se requiere apoyo técnico para que los comités escolares (CEAP) tomen decisiones informadas sobre la asignación de los recursos y administren con transparencia.
En suma, en los últimos años en México, financiamos una escuela que llega a más hogares mediante transferencias monetarias, pero que invierte menos en transformar lo que ocurre dentro del aula; una escuela con más “obras” pero menos acompañamiento pedagógico; una escuela que reconoce la inclusión, pero que aún no garantiza las herramientas para sostenerla plenamente. El gasto inteligente nos recuerda la pregunta central: ¿qué escuela queremos financiar y con qué prioridades?
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Referencias
Auditoría Superior de la Federación. (2024). La Escuela es Nuestra (Auditoría de cumplimiento: 2023-0-11100-19-0311-2024). En Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023. https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2023c/Documentos/Auditorias/2023_0311_a.pdf
Banco Interamericano de Desarrollo. (2024). Gasto inteligente en educación en América Latina y el Caribe. https://www.iadb.org
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s. f.). Prospera. Programa de Inclusión Social (2014–2019). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Recuperado el 12 de diciembre de 2025, de https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=92
Gobierno de México. (s. f.). La Escuela es Nuestra [Descripción del programa]. Recuperado de https://programasparaelbienestar.gob.mx/la-escuela-es-nuestra/
Secretaría de Educación Pública. (2021, 26 de enero). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx
[1]Programa de inclusión social focalizado en hogares en situación de pobreza extrema que condicionaba las transferencias a la asistencia a la escuela y a servicios de salud.
[2] En el texto del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa “La Escuela es Nuestra” se indica que el programa entrega directamente recursos a través de los CEAP y también operan mediante la asignación de dichos subsidios.
[3] El Programa La Escuela es Nuestra asigna recursos directamente a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) (formados por madres, padres y miembros de la comunidad escolar) para que estos decidan cómo emplearlos en la mejora de sus planteles, incluyendo infraestructura, equipamiento, alimentación y extensión de horarios o actividades extracurriculares.
[4] En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 (auditoría al programa S282 “La Escuela es Nuestra”), la ASF documenta que, en visitas de verificación a planteles, los integrantes de los CEAP señalaron que los apoyos se destinaron principalmente a acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción (obra mayor) y que no destinaron recursos a alimentación ni a la extensión del horario por no ser prioritarios.
[5] Habrá que esperar la publicación del dato aprobado del Ramo 11: Educación Pública, según el Presupuesto de Egresos de la federación 2026 de la SHCP para conocer este concepto.
[6] En 2012, el presupuesto corresponde al Programa Escuelas de Calidad (PEC) ya que es el antecedente directo del Programa de la Reforma Educativa (PRE). El PRE se creó EN 2014.
[7] El gasto inteligente en educación significa maximizar el impacto de los recursos invertidos en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Enfatiza la movilización eficiente de recursos, la distribución equitativa, la ejecución efectiva y el monitoreo sólido. Simplemente aumentar los recursos no es suficiente: la forma en que se gastan es crucial, especialmente para los estudiantes más vulnerables. Lograr un gasto inteligente requiere equilibrar la adecuación, la equidad, la eficiencia y la transparencia en el financiamiento educativo.
[8] Elacqua, G., Marotta, L., Martínez, M., Mendez, C., & Nascimento, D. (2025). Gasto inteligente en educación escolar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/
*Martha Barrios Belmonte
Integrante de MUxED. Economista con estudios de posgrado en políticas públicas y evaluación educativa. Es consultora independiente con más de 15 años de experiencia liderando proyectos educativos con enfoque en planificación estratégica, coordinación, implementación, monitoreo y evaluación de programas educativos. Especialista en financiamiento educativo, gestión de equipos multidisciplinarios y recursos financieros.