Crear esperanza a través de la acción: tarea para la sociedad y el gobierno

Lorena Turquie Castillo*

 

Septiembre es el mes en el que los lazos amarillos identifican la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, problema de salud pública que requiere atención prioritaria para salvaguardar la vida, principalmente de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.


Garantizar el derecho a la vida es una obligación del Estado y de las comunidades en más de un sentido. Implica cuidar la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes para que tengan una infancia y una juventud plenas, felices, de ser posible, y con una condición de vida aceptable. 

La invitación hoy es a reflexionar sobre una realidad dolorosa e inaceptable, un problema de salud pública que en décadas no ha sido resuelto y que, desde una visión multidisciplinaria, requiere de la creación de acciones de política desde todos los ámbitos en los que niños, niñas y jóvenes están presentes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es una de las 10 primeras causas de muerte a nivel global. En México, de acuerdo con datos del INEGI, se contabilizaron, en 2022, 8,237 suicidios, de los cuales 1,094 fueron de niños, niñas y adolescentes.

De los cinco estados con mayor incidencia en población infantil de 10 a 14 años, Chihuahua es la entidad con el mayor porcentaje de defunciones por esta causa, seguida de Tabasco, Baja California Sur, Guanajuato y Estado de México.  Para el grupo de jóvenes de 15 a 19 años, encabeza otra vez la lista Chihuahua, seguida por Nayarit, Aguascalientes, Querétaro y Campeche. (ver tabla 1).

 
 

Estudios[1] señalan que “... la mayoría de las personas que intenta suicidarse es ambivalente y no busca exclusivamente la muerte… no quiere fallecer, sino … dejar de sufrir… premisa [que] se complementa con la idea de que los niños de entre 8 y 11 años no tienen noción de que la muerte es para siempre y … pueden llegar a pensar que cuando estén muertos, las personas que los hicieron sufrir recapacitarán y dejarán de provocarles dolor cuando resuciten”[2]. En el caso de adolescentes es una suma de factores como enfermedades mentales, condiciones sociales, económicas, rechazo por preferencias sexuales, bulliyng, y los muchos sentimientos encontrados nomales en esta etapa de la vida y, algo relevante es que en el grupo de 15 a 29 años, la muerte por propia voluntad representa la segunda causa de fallecimientos.

El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. En un análisis más de los datos sabemos que, en el caso del grupo de niñas y niños de 10 años, en su mayoría intencionalmente se han herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarse la vida.

Estemos atentas a los factores de riesgo. Entre los que destacan enfermedades como depresión, ansiedad, un trastorno bipolar, un trastorno de oposición desafiante o con antecedentes familiares; los conflictos familiares; el uso y abuso de sustancias adictivas; la pérdida de algún amigo o familiar; el maltrato físico y la exposición a la violencia, como son el abuso sexual, la discriminación y el acoso escolar.

La atención a los focos rojos en las niñas, niños y adolescentes apremia. Es una misión que tenemos que asumir en nuestra sociedad, como comunidad, y que particularmente requiere de un compromiso prioritario por parte de los gobiernos federal y estatales.

A nivel internacional, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la meta 3.4 propone reducir en un tercio la mortalidad prematura, para 2030. En México, su cumplimiento está encaminado a la implementación de acciones de orientación, prevención, fomento a la cultura de la salud mental, capacitación de jóvenes (JuvenIMSS) y de profesionales de la salud de instituciones públicas.

Nacionalmente, la principal encargada de este tema es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, cuyas acciones estan articuladas a través del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio cuyo objetivo es “establecer mecanismos de intervención intersectorial para atender a las personas que solicitan atención por comportamiento suicida y reducir la mortalidad por suicidio”.

Cada año, el 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS)[3] con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de eliminar el estigma hacia la salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo ante una situación emocional complicada. El lema 2023 es "Crear esperanza a través de la acción" y en nuestro país se organizarán diversas acciones como conversatorios, conferencias, ferias informativas con el propósito de generar conciencia y movilizar apoyo.

Resulta claro que las acciones necesarias van más allá de una conmemoración, la vinculación entre políticas públicas y programas entre salud, educación y desarrollo social son fundamentales, toda vez que el mayor número de iniciativas están vinculadas a la prevención e impulsadas y contenidas en el sector salud.

En las entidades federativas hay algunas iniciativas diferenciadas desde las secretarías de educación y desarrollo, pero no se observa una articulación que pueda prever un efecto multiplicador. En este marco hay una oportunidad de incidencia gubernamental y social.

Cierro este mensaje invitando a estar atentas a las señales que podamos identificar desde el ámbito educativo, sumémonos para que, a través de la acción hagamos la diferencia, porque todas las niñas, los niños y adolescentes nos importan.

Redes:

Linkedin: www.linkedin.com/in/lorena-turquie-325a4b5b 

Twitter: @nuscaa25


[1] Ver por ejemplo OMS - Suicidio: http://www.who.int/topics/suicide/es/

[2] Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas  (UNICEF, 2017). https://www.unicef.org/argentina/media/1536/file/Suicidio.pdf

[3] Iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y avalado por la OMS


*Lorena Turquie Castillo

Integrante de MUxED. Politóloga, con maestría en Políticas Públicas comparadas, especialista en cultura de la legalidad y educación. Coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas en el Instituto Universitario Ortega-Marañón (IUOG), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora, docente y evaluadora de políticas públicas. Integrante de Faro Social y Educativo AC, organización que coordina la Política de Aprendizajes Fundamentales impulsada por el Instituto Natura México.




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