La educación también necesita cuidados
Viviana Rodríguez Lorenzo*
En las Lagunas de Chacahua, Oaxaca, continuar estudiando después de la secundaria puede depender de los recursos económicos de las familias y de las redes de apoyo. A partir de la historia de dos adolescentes afrodescendientes, este artículo muestra cómo las desigualdades territoriales, económicas y de género limitan el acceso a la educación y plantea que garantizar este derecho también requiere asegurar las condiciones de cuidado que lo hacen posible.
Entre manglares, aves e islas, viajé durante hora y media en lancha para llegar a las Lagunas de Chacahua, en la costa de Oaxaca. El trayecto comenzó en Zapotalito, una de las localidades con mayor acceso a servicios de la zona. Aun pagando tarifa local, me cobraron $400 pesos de ida y $400 de regreso. Desde el inicio entendí que, en este territorio, trasladarse tiene un costo muy elevado.
Mi primera parada fue en “El Corral”, una pequeña isla donde viven alrededor de cuarenta familias. Ahí me contaron que la escuela primaria de esa localidad, posiblemente se tenga que cerrar por el bajo número de estudiantes. Si eso llegara a ocurrir, las niñas y los niños tendrían que moverse a Chacahua para continuar sus estudios. Esto implica un gasto extra para las familias porque la única forma de llegar ahí es en lancha pagando pasaje.
En El Corral, como en otras comunidades de la región, cuando las infancias no están en la escuela participan en actividades vinculadas con el turismo. Algunas muestran los cocodrilos de la zona a las personas visitantes; otras ayudan a sus mamás en la venta de cocos, botanas o raspados.
Más tarde llegué a Chacahua, donde la laguna se une con el mar. En este punto también se hacen visibles profundas desigualdades. De un lado, habita la población local, integrada mayoritariamente por personas afrodescendientes. Recientemente instalaron el alumbrado público y no cuentan con un sistema de recolección de basura, por lo que es común ver pilas de residuos acumulándose en las calles. Del otro lado, se encuentran las cabañas ocupadas por personas extranjeras que pasan largas temporadas en la comunidad. Sólo las separan unos metros de distancia, pero eso basta para observar dos realidades muy distintas.
Durante mi estancia conocí a Lucía, quien cursa sexto de primaria, y a Damiana, estudiante de primero de secundaria. Mientras vendían empanadas de pescado y platanitos con lechera les pregunté: ¿qué les gustaría estudiar cuando sean mayores?
Damiana me contó que sólo va a terminar la secundaria, porque para continuar con el bachillerato tendría que salir de la laguna, y eso sería muy costoso para su familia. Su mamá le dijo que, en lugar de ir a la escuela, podría aprender a poner uñas de acrílico para generar ingresos y apoyar en el cuidado de sus hermanos menores. Lucía, en cambio, me dijo que tal vez podría ir a vivir con su papá a Estados Unidos para continuar sus estudios.
Sus respuestas reflejan las pocas alternativas que tienen muchas niñas y muchos niños de la comunidad para ir a la escuela. El bachillerato más cercano se encuentra en Zapotalito y trasladarse diariamente resulta demasiado costoso. Quienes logran continuar sus estudios suelen hacerlo porque cuentan con familiares que pueden recibirles, pero para Damiana y Lucía esa posibilidad no existe.
De acuerdo con la plataforma MONITO, que da seguimiento y monitoreo a las políticas educativas, la capacidad del sistema educativo de Oaxaca para atender a la población disminuye conforme se avanza en el trayecto escolar. Mientras que la cobertura en primaria alcanza 100%, en secundaria desciende a 90% y en educación media superior cae hasta 63%, lo que ubica al estado en la posición 31 a nivel nacional.
La conversación con Lucía y Damiana me hizo ver que, para continuar sus estudios, requieren una serie de apoyos que hoy no existen. Necesitan transporte, recursos económicos, un lugar donde quedarse si tienen que salir de su comunidad y personas adultas que las acompañen en ese proceso. En otras palabras, necesitan cuidados.
Solemos asociar los cuidados con actividades como alimentar, cambiar pañales o atender a una persona adulta mayor o con alguna discapacidad. Sin embargo, cuidar también implica generar las condiciones y acciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos, especialmente su derecho a la educación.
Laura Pautassi señala que la organización social del cuidado es la forma en que una sociedad distribuye las responsabilidades y los costos del cuidado entre distintos actores: el Estado, las familias, el mercado y las organizaciones comunitarias. Esta idea también nos permite mirar la educación desde otra perspectiva.
En Chacahua, para que una niña llegue a la escuela y permanezca en ella, alguna persona tiene que conseguir y solventar el transporte para el traslado, garantizar su seguridad durante los trayectos y, en algunos casos, ofrecerle alimentación y un lugar donde vivir. La pregunta es, ¿quién se hace cargo de todo eso?
En la práctica, parece que la responsabilidad recae casi por completo en las familias. Cuando las oportunidades educativas dependen de la capacidad económica de los hogares o de tener redes de apoyo, no todas las niñas y adolescentes tienen las mismas oportunidades de continuar estudiando. En muchos casos, estas barreras terminan por interrumpir sus trayectorias educativas y cuando esto ocurre, las niñas suelen enfrentar una incorporación más temprana al trabajo doméstico y de cuidados.
Un informe reciente de Oxfam muestra que las jóvenes que viven en zonas rurales dedican, en promedio, hasta 2.7 horas semanales más al trabajo de cuidados que quienes viven en contextos urbanos. Esta diferencia no surge por casualidad. También está relacionada con la falta de servicios básicos, infraestructura y apoyos públicos que faciliten la vida cotidiana de las comunidades. Cuando esas condiciones faltan, las niñas son quienes terminan absorbiendo más trabajo, más cuidados y menos oportunidades.
La historia de Damiana y Lucía no es una excepción. Sus trayectorias reflejan las barreras que enfrentan muchas niñas y adolescentes en contextos rurales para continuar estudiando. No porque hayan perdido interés por la escuela, sino porque sus oportunidades educativas están condicionadas por factores que quedan fuera de su alcance.
Por eso, cuando hablamos del derecho a la educación, también tendríamos que hablar del derecho a recibir los cuidados necesarios. Porque una escuela, por sí sola, no garantiza que una niña o un niño pueda estudiar. Para llegar a ella, permanecer en sus aulas y continuar hasta el bachillerato hacen falta apoyos, tiempo, recursos y acompañamiento. La educación también necesita cuidados, y garantizar esos cuidados requiere de políticas públicas educativas efectivas. Es una responsabilidad que no debería recaer únicamente en las familias.
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Referencias
Laura Pautassi. (2023). El derecho al cuidado. De la conquista a su ejercicio efectivo. https://collections.fes.de/publikationen/content/titleinfo/460675
*Viviana Rodríguez Lorenzo
Integrante de MUxED. Socióloga por la UAM y maestra en Políticas Públicas y Género por la FLACSO. Ha trabajado en escuelas públicas y comunidades afectadas por la violencia, la migración y la desigualdad. Coordinó proyectos educativos con perspectiva de género. Actualmente, monitorea políticas educativas en Mexicanos Primero A.C., impulsando el derecho a aprender en México.